Comentarios y sugerencias


martes, 26 de enero de 2021

DNU 39/21: Prohibición de despido. Doble indemnización. Covid 19



Con fecha 23/1/21 se publicó en el BOA el DNU 39/21 que regula en cinco aspectos sumamentes relevantes: 

1. Ampliación hasta el 31/12/21 de la emergencia pública en materia ocupacional.

2. Se prorroga por 90 días corridos, vencido el decreto 891/20, la prohibición de suspensión y despido sin causa, falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

3. En caso de despidos sin causa no cuestionados, durante la vigencia de la emergencia ocupacional, tendrán derecho a percibir la doble indemnización.  

4. Se establece un tope de $500.000 en el rubro de la doble indemnización. 

5. Extensión a todos los trabajadores dentro de la cobertura de la LRT del Covid 19 como enfermedad profesional no listada presuntiva durante el plazo de 90 días corridos. Se faculta al MTySSN para que prorrogue dicho plazo. 


Texto completo:

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL


Decreto 39/2021 DECNU-2021-39-APN-PTE - Amplíase plazo.


Ciudad de Buenos Aires, 22/01/2021 VISTO el Expediente N° EX-2021-03652265-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, 24.557, 26.122, 26.773, 27.348 y 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 34 del 13 de diciembre de 2019, 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020, 367 del 13 de abril de 2020, 529 del 9 de junio de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 891 del 13 de noviembre de 2020, 961 del 29 de noviembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020 y el Decreto Nº 590 del 30 de junio de 1997 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y


CONSIDERANDO:


Que la protección preferente de las trabajadoras y los trabajadores es una garantía que la CONSTITUCIÓN NACIONAL incluye en el artículo 14 bis y que, en idéntico sentido, normas internacionales incorporadas en el artículo 75, inciso 22, obligan a adoptar medidas robustas de mayor intensidad en contextos excepcionales que ponen en riesgo el propio tejido del sistema de relaciones laborales.


Que aún se encuentran vigentes medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas que continúan con problemas en el contexto de emergencia, mientras que otras unidades productivas se encuentran en un proceso de recuperación, por lo que los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 329/20, 487 del 18 de mayo de 2020, 624 del 28 de julio de 2020, 761 del 23 de septiembre de 2020 y 891/20, mediante los que se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, resultan herramientas de política laboral para permitir la preservación de las relaciones de trabajo.


Que, asimismo, por los citados decretos también se prohibieron las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias.


Que en ese marco, se dispuso también que los despidos y las suspensiones que se hubieran adoptado en violación a lo establecido en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º de los aludidos decretos, no producirían efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones entonces vigentes.


Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole, asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.


Que, en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde prorrogar las


1 de 6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ella y para su familia.


Que la duplicación de las indemnizaciones por despido sin justa causa prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19, a diferencia de las medidas destinadas a la prohibición de despedir y suspender por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, se sustentó en la emergencia pública en materia ocupacional, declarada mediante dicho decreto con anterioridad a la existencia de la pandemia y ante la crítica situación económica y social a la que alude la Ley N° 27.541.


Que dicha norma tuvo como finalidad aventar el temor de las trabajadoras y los trabajadores a perder el empleo y ver deterioradas sus condiciones de vida, lo cual ha sido contemplado, con posterioridad, para prohibir los despidos sin expresión de causa o por las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.


Que, ante los indicios objetivos de reactivación económica, se justifica una adecuación cuantitativa por medio de la fijación de un tope en la parte correspondiente a la duplicación, que mantiene la intensidad de la tutela en los trabajadores y las trabajadoras de menores ingresos y constituye un razonable instrumento en las particulares vicisitudes por las que atraviesa el mercado de trabajo.


Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 se dispuso que la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se consideraría presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las trabajadoras y los trabajadores dependientes excluidas y excluidos mediante dispensa legal del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus normas complementarias, con el fin de realizar actividades declaradas esenciales.


Que, conforme lo previsto por el artículo 5º del precitado Decreto N° 367/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura especial de la presunta enfermedad profesional COVID-19 será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100 %) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97.


Que en orden a la situación epidemiológica verificada en el ámbito específico del Sistema de Riesgos del Trabajo resulta prudente prever la futura adopción de medidas concretas tendientes a la capitalización del mentado Fondo con el fin de garantizar adecuadamente el financiamiento de la cobertura de la enfermedad COVID-19 padecida por los trabajadores y las trabajadoras por ella alcanzados y alcanzadas.


Que los principios de solidaridad y esfuerzo compartido conllevan, en el contexto de la emergencia sanitaria actual del país, la necesidad de implementar acciones eficaces destinadas a preservar las condiciones de vida y de trabajo de todos los sectores laborales en riesgo.


Que, asimismo, en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud, dicho decreto estableció en su artículo 4° que se considera que la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último


2 de 6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


supuesto fáctico.


Que, posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20, se incorporó a la presunción establecida en el mencionado artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20, a los miembros de fuerzas policiales federales y provinciales en cumplimiento de servicio efectivo.


Que, en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones del país y tomando en cuenta parámetros conocidos respecto de la cantidad de casos de contagio registrados por rama de actividad laboral durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, resulta necesario y socialmente justo incorporar a la cobertura especial y transitoria prevista en el referenciado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 a todos los trabajadores y todas las trabajadoras expuestos y expuestas al agente patógeno respectivo.


Que, dado el alcance mundial de esta crisis sanitaria, resulta pertinente destacar que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de la COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales.


Que, en ese marco, diversos países han declarado que la afección por la COVID-19 producida por la exposición de los trabajadores al virus SARS-CoV-2 durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de enfermedad profesional. Así sucedió, por ejemplo, en España, Uruguay y Colombia.


Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan perentorias y necesarias para proteger la salud de determinados sectores de la población trabajadora particularmente vulnerable.


Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.


Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.


Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.


Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.


Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.


3 de 6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.


Por ello,


EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS


DECRETA:


ARTÍCULO 1°.- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20 y 961/20.


ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de NOVENTA (90) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 891/20.


ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de NOVENTA (90) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 891/20.


Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo, las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, como consecuencia de la emergencia sanitaria.


ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.


ARTÍCULO 5°.- Durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en los casos de despidos sin justa causa no cuestionados en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o el trabajador afectado, tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente, en los términos del citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19.


ARTÍCULO5°d6°.-Alosefectosdeestablecerelcálculodelaindemnizacióndefinitiva,enlostérminosdelartículo el presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder, en ningún caso, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000).


ARTÍCULO 7°.- Por el término de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la vigencia del presente decreto, la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.


4 de 6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


Cuando se trate de trabajadoras y trabajadores de la salud y de miembros de fuerzas de seguridad federales o provinciales que cumplan servicio efectivo y durante el plazo indicado por el artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 del 13 de abril de 2020, modificado por el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875 del 7 de noviembre de 2020, la Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá entender que la contingencia guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico.


Serán de aplicación a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.


El financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las regulaciones que dicte la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.


ARTÍCULO 8°.- Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a disponer la prórroga del plazo previsto en el artículo 7° del presente decreto así como también a modificar el monto de la suma fija destinada al financiamiento del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.


ARTÍCULO 9°.- Las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19, ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran.


ARTÍCULO 10.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.


ARTÍCULO 11.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.


ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.


FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi


e. 23/01/2021 N° 3235/21 v. 23/01/2021


5 de 6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240024/20210123


Fecha de publicación 23/01/2021


6 de 6

domingo, 11 de octubre de 2020

La CSJN fijó criterio sobre qué indice RIPTE debe tenerse en cuenta al momento del cálculo de las indemnizaciones


Las CSJN en dos pronunciamientos, uno de septiembre 2019 y otro, ratificando la posición anterior, de octubre de 2020 se refirió sobre un tema que no era pacífico en la jurisprudencia. Qué resolución de actualización debía considerarse al momento del cálculo de los mínimos indemnizatorios y pagos únicos previsto por la LRT y el decreto 1694/09. El máximo tribunal se decidió por la resolución del semestre vigente al momento de la PMI o fecha del accidente. 

Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial" (septiembre 2019).


“Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Quispe, Marta Johanna y otro c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente – ley especial” (octubre 2020)






martes, 25 de agosto de 2020

Brasil frente la pandemia

 

Estimados lectores, amigos y colegas. Hoy tenemos la oportunidad, por esas cosas de la vida, de contar con un aporte de una colega brasileña. Ella es Giselle Gonzalez Jorge (más abajo dejo su CV), una gran joven jurista y sobre todo una excelente persona. 

Giselle nos regala unas líneas para DLA sobre el tratamiento del país vecino en relación a las medidas tomadas frente al Covid 19 y la problemática que ha causado en el mundo del trabajo en aquél país. Es un trabajo resumido que tiene muchísima información. 

Además comparte con nosotros un PPT en donde se amplía con mayor detalle la información del artículo y toca aspectos vinculado al trabajo de mujeres.  

Muchas gracias Giselle por compartir y seguramente este será el primero de grandes aportes.  Si quieren contactarse con ella nos dejó su correo electrónico. 

CV de Giselle

PPT

BRASIL FRENTE A LA PANDEMIA

 

 

Giselle Gonzalez Jorge (Brasil)

Abogada, Esp. Derecho Laboral y Procesal

ggiselle@gmail.com

 

 

 

 

               La pandemia de coronavirus expone las limitaciones del hombre al mundo. Sus debilidades, pero también su lado más perverso. Se revelaron a cualquiera las miserias de una sociedad que valora "tener" y no "ser". La podredumbre del ser humano fue desafiada para que las intenciones de cada acto y la esencia de cada persona se hicieran evidentes.

Y, en esta sociedad hostil, con un consumo exacerbado y valores cuestionables, un simple virus tuvo la capacidad de provocar una revolución de permanencia aún indefinida.

               Además de todos los retos con respecto a la salud que nos plantea la pandemia, el mundo fue desafiado a reajustar su modelo económico y financiero para mitigar los efectos nocivos de esta nueva realidad, presentándonos el choque: salud x economía.

               En Brasil no está siendo diferente, somos un país continental con problemas sociales y económicos básicos, pero de proporciones gigantescas, ya que en los últimos años el abismo social se ha intensificado, con la concentración de riqueza y el consiguiente aumento de la pobreza.

               Con respeto a la pandemia, contamos hoy (07/08/2020) en Brasil con 3 millones de infectados, casi 100 mil muertos, y con el promedio diario de 1200 muertos por día.

               Las principales víctimas son desempleados, trabajadores informales, residentes de la periferia, personas sin hogar, indígenas y negros; los más afectados por la desigualdad. Una investigación de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), por ejemplo, muestra que la tasa de mortalidad en áreas de muy alta concentración de favelas en Río de Janeiro, como “Favela do Alemão” y “Favela da Rocinha”, es doble (19.5%) en comparación con los barrios ricos de la ciudad (9,2%)[1].

               Otro estudio, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río), indica que, de todos los brasileños muertos por el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) hasta mayo de 2020, el 55% eran negros y pardos y el 38% son blancos. En el período encuestado, un paciente negro analfabeto tenía 3,8 veces más probabilidades de morir que un paciente blanco con un título de educación superior[2].

               Según los datos publicados por CAGED - Registro General de Empleados y Desempleados de Brasil, este año hasta el mes de julio, el país perdió 1.145 puestos de empleos, de los cuales más de la mitad 635 mil tendrían como sueldo entre US$ 200 y 300 dólares americanos y eran destinados la población más pobre que incluye a su gran mayoría las mujeres[3].

               Importante mencionar que el valor del sueldo mensual mínimo en Brasil hoy (07/08/2020) es un poco menos de $ 200 dólares estadounidenses.

               Esa presentación también trajo, a modo de ejemplo, un estudio de caso con la finalidad de demostrar como las condiciones de trabajo de la mujer en Brasil aún es precarias desde lo básico. 

               Y, con este Brasil en el escenario, en un país con tantos problemas sociales básicos, la pandemia también obligó la adopción de un nuevo modelo de organización estructural en las empresas por medio del teletrabajo, que indiscutiblemente demanda una madurez social y comportamental que, de verdad, no tenemos.

               Todavía, no tuvimos opciones para resguardar la salud de millones de personas.  

               El teletrabajo en Brasil es un tema muy controvertido, eso porque fue regulado en 2017, tras la Reforma Laboral y en aquel momento el legislador no podría imaginar que en tan poco tiempo esa modalidad de organización de trabajo iba a ser ampliamente utilizada. 

               En un breve paréntesis, es necesario aclarar que la Ley de la Reforma Laboral surgió como un destello en diciembre de 2016, después del Impeachment de la presidenta Dilma Roussef.

               La ley tramitó en tiempo récord las casas legislativas, sin debate social; la aprobación ocurrió el 11 de julio de 2017 y la vigencia desde el 11 de noviembre de 2017.

               Obviamente, es una ley con muchos problemas, incluidos problemas con redacción.

               La Ley de la Reforma Laboral introdujo en CLT (Consolidación de la Leyes de Trabajo) los artículos 75 - A, 75 - B, 75 - C, 75-D y 75 - Y que regulan la prestación de servicios por medio de teletrabajo.

               Por lo tanto, debemos tener atención a algunos requisitos vitales establecidos en la CLT para CARACTERIZAR el teletrabajo: 1. la necesidad de un contrato de trabajo individual escrito que especifique las actividades a realizar por el empleado, 2. el cambio de modalidad desde la presencial al teletrabajo solamente puede ocurrir de mutuo acuerdo - siempre con una enmienda contractual, obviamente escrita, 3. La responsabilidad de la adquisición, mantenimiento o suministro de equipos tecnológicos y la infraestructura necesaria y adecuada para la provisión del trabajo a distancia, así como el reembolso de los gastos a cargo del empleado, se estipulará en un contrato escrito.  

               Además, la CLT también establece que el empleador debe instruir a los empleados, de manera expresa y ostensible, sobre las precauciones que deben tomarse para evitar enfermedades y accidentes en el trabajo; debiendo el empleado firmar un término de responsabilidad comprometiéndose a seguir las instrucciones proporcionadas por el empleador.

               Así, los riesgos de la labor son del empleado, lo que exime el empleador de cualquier responsabilidad por enfermedad profesional desarrollada en el ambiente laboral o accidente de trabajo.

               Otra cuestión muy controvertida es el control de jornada. La CLT declara expresamente en su artículo 62, III que los empleados en régimen de teletrabajo no poseen control de jornada, permitiendo situaciones dantescas como la posibilidad del empleador demandar al trabajador en cualquier hora del día, o durante la madrugada sin pagar horas extraordinarias.

               Observando todo lo que fue dicho, es perceptible, sin mayores reflexiones, que la situación de la mujer obrera en régimen de teletrabajo es aún peor. Además de no ternemos una legislación adecuada, que imponga límites al poder directivo del empleador, estamos conviviendo con la necesidad diaria de nos dedicarnos a las tareas del hogar y el cuidado con los niños, lo que incluye el homeschooling.

               Concluimos así, que la lucha de nosotras, mujeres obreras, va más allá de los retos sociales y ultrapasa la cuestión de igualdad de género. En un país tan desigual como lo es Brasil, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres empieza por temas básicos olvidados por el poder público, como educación y condiciones mínimas de manteniendo de los niños, todo con la intención de construir una base ideal para el desarrollo de un sistema más justo y igualitario.               

 

sábado, 1 de agosto de 2020

Se sancionó la Ley de Teletrabajo. Resumen y aspectos destacados

Luego del debate parlamentario se sancionó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo Ley 27.555.

Les dejo un PPT con los principales aspectos de dicha ley y el texto de la ley sancionada. Seguramente a partir de dicha normativa habrá un fuerte debate doctrinario en cuanto a su regulación y la utilidad de dicho cuerpo normativa. También estaremos pendientes de la reglamentación que debe realizar el MTEySSN. 


Toda la información importante puede ser consultada en este PPT y el texto completo puede ser descargado de aquí